Detención de Santiago Pérez: Asesor Mazahuas

Temascaltepec , Estado de Mexico. A 10 de Julio del 2007.

Solicitamos su intervencion y ayuda:

El pasado miércoles 4 de julio fue detenido por fuerzas policíacas del Estado de México el activista ambiental y promotor de los derechos humanos Santiago Pérez Alvarado y remitido a la prisión de Temascaltepec en el suroeste del estado; el día de ayer la juez primero penal de esta localidad le dictó auto de formal prisión bajo la acusación de secuestro.

Santiago Pérez Alvarado es licenciado en leyes por la UAEM y especialista en derecho legislativo, diplomado en temas de agua y desarrollo y se ha desempeñado como promotor de los derechos humanos y la no violencia. Desde temprana edad se mostró preocupado por la situación de injusticia y abuso cometidas recurrentemente en contra de campesinos e indígenas del valle de Toluca y suroeste del Estado de México y por las afectaciones a los recursos naturales que generalmente han ido de la mano en estas regiones; a través de los años ha trabajado al lado de grupos organizados en la defensa de sus derechos y patrimonio, conformándose de manera natural como asesor y vocero de los diferentes movimientos sociales en los que ha participado, alcanzando un liderazgo ampliamente reconocido y el prestigio de hombre honesto, solidario y conocedor de los derechos sociales, ganando el respeto de sus compañeros de lucha y de quienes reconocen su trabajo como promotor de los derechos humanos y sociales y su exigencia por el camino de la no violencia.

Santiago Pérez ha acompañado en los últimos años diversas luchas pacíficas por la defensa de los recursos naturales y el patrimonio de los pueblos indígenas y campesinos como es el caso de la oposición a la pretensión del gobierno del Estado de México y grupos de inversionistas para desarrollar un centro de ski en el Parque Nacional Nevado de Toluca, en donde inclusive se consideró establecer la infraestructura necesaria para crear nieve artificial, siendo que no existen las características para semejante proyecto en este lugar, que además representa para los indígenas importante sitio de culto y en donde se encuentran valiosos vestigios arqueológicos; los bosques de coníferas de ésta montaña son la principal zona captadora de agua que alimenta arroyos superficiales y subterráneos que corren en dirección al valle de Toluca y hacia el sur formando manantiales y cuerpos de agua que permiten el sustento de innumerables poblaciones por los municipios en donde afloran y corren como es el caso del río Temascaltepec que cambia su nombre a Pungarancho y Cutzamala antes de incorporarse al río Balsas.

Otro movimiento en el que Santiago Pérez participa es la resistencia civil pacífica del Comité por la Defensa de los Recursos Naturales del río Temascaltepec conformado por decenas de comunidades del sur del Estado de México, Guerrero y Michoacán oponiéndose a la construcción de la presa de El Tule en la zona de San Pedro Tenayac municipio de Temascaltepec a través de la cual se pretende captar el agua del río del mismo nombre, que es importantísimo para la vida productiva y económica de la región, y conducirla a la planta potabilizadora Los Berros (considerada la más grande del mundo) como parte de la cuarta etapa del Sistema Cutzamala, para bombearla posteriormente a la ciudad de México y zona conurbada, en donde se desperdicia y fuga el mismo volumen que llega. Y es de verse que los pobladores de la región temieron que se llevaran su agua a otra región donde se desperdicia y que ellos la ocupan para vivir.

En el contexto de esta lucha es que se dan los hechos que llevaron a la actual detención de Santiago 9 años después; mientras se entablaban negociaciones con los gobiernos federal y estatal, las obras para la construcción de la presa en Temascaltepec seguían, esto se consideró una burla y provocó el enojo de los pobladores de San Pedro
Tenayac, quienes bloquearon el paso a las obras y retuvieron unas horas a dos técnicos de CNA para exigir la presencia de alguien con autoridad que explicara el porqué continuaban con las mismas. Sin embargo es preciso mencionar que nunca se agredió o humilló a las personas retenidas y Santiago Pérez se encontraba en la Ciudad de México en el proceso de negociación para este momento. Además pidió Santiago Perez Alvarado el careo de las personas que supuestamente le acusan, el cual no tuvo lugar y tomando las leyes de forma inexplicable la juez dicta el auto de formal prisión por un delito que no aparece en código penal en vigor y de otra manera no se cambio el delito por el que si aparece en el código actual, sabedora que alcanzaba fianza y saldría. Por otro lado es ilógico desde todos los puntos de vista legal que si todos los implicados sin faltar uno se les dio la libertad por falta de méritos en él termino legal de 72 horas, porque solo a Santiago que no estuvo en los hechos le da este auto de formal prisión y no deja pasar a los medios de información, está incurriendo en responsabilidad.

Posteriormente y debido al rezago y falta de efectividad en el pago de indemnizaciones por afectaciones a tierras y cultivos de los pobladores de varias comunidades de los municipios de Villa de Allende, Villa Victoria y Donato Guerra, provocadas por la construcción y operación del Sistema Cutzamala en la zonas contiguas a la planta potabilizadora, se crea el Frente Mazahua por la defensa de los Recursos Naturales en donde se congregan varias comunidades de municipios de la zona, que se organizan con la asesoría legal de Santiago Pérez Alvarado para solicitar a las instancias oficiales federales y estatales correspondientes el pago de las afectaciones y el resarcimiento de los daños proponiendo para ello un proyecto de desarrollo integral sustentable así como la dotación urgente de agua, de la cual carecen. Al no obtener respuestas, la solicitud se transformó en exigencia, obligando al gobierno a través de acciones de resistencia pacífica a voltear la mirada hacia ellos y sus graves problemas de pobreza, falta de servicios y oportunidades, obteniéndose una serie de beneficios como la dotación de tractores, invernaderos, etcétera. Sin embargo al tiempo que se entregaron estos insumos los operadores del gobierno del Estado de México, principalmente, aprovecharon para minar al grupo, promoviendo la desesperanza pero que el grupo mazahua continúa hasta ahora en la lucha legítima por la exigencia de sus derechos que se enmarca principalmente en un Plan de desarrollo sustentable, con la asesoría legal de Santiago Pérez Alvarado.

Es en este contexto en el que se ha desenvuelto el trabajo de Santiago quien a últimas fechas gestionaba junto con las Administraciones Municipales de Amanalco de Becerra, Donato Guerra, Valle de Bravo , Villa Victoria y Villa de Allende, importantes aportaciones vía el Fondo Ambiental Metropolitano del gobierno del Distrito Federal para el desarrollo de la región.

En diversas ocasiones durante los últimos 15 años, el gobierno estatal ha promovido acciones y amenazas en contra del luchador social sin haberse hecho efectivas como hasta el miércoles de la semana pasada en que primero es detenido ARVITRARIAMENTE en San Luis Mextepec Municipio de Zinacantepec y testigos oculares dicen que fueron 4 judiciales por su porte propio de ellos , le rompieron el vidrio de la puerta trasera izquierda para poderlo encañonar , así mismo lo golpearon con una llave para desmontar llantas y trasladado a Valle de Bravo en su propio vehículo por la policía estatal y se le acusaba de robo con violencia al día siguiente se determino que la acusación no tenia sustento legal y posteriormente puesto en libertad ,seguidamente es conducido por agentes de la policía estatal. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad es trasladado a temascaltepec como si fuera un delincuente de alta peligrosidad .

Es claro que su encarcelamiento obedece al interés de la reactivación de diversos proyectos de supuesto desarrollo a los cuales están asociados jugosos negocios que benefician principalmente a fuertes grupos de poder económico y político, pero que afectan el patrimonio ecológico, natural y cultural de comunidades campesinas e indígenas del Estado de México, Guerrero y Michoacán que Santiago representa.

De esta manera ciudadanos y organizaciones sociales exigimos a los gobiernos Federal y del Estado de México la excarcelación inmediata de Santiago Pérez Alvarado y el cese del hostigamiento y represión de líderes y movimientos ecológicos y sociales en México y optar por aplicar sus esfuerzos a atender los problema de pobreza y marginación social de las comunidades rurales de nuestro país.

ATENTAMENTE

El grupo afectado de mazahuas

Campesinos del sur del Estado de México.

Campesinos de Guerreo.

Campesinos de Michoacán.

Zapatistas encabezan esfuerzo autónomo de resistencia ecológica en Huitepec

Al pie de la reserva ecológica del cerro de Huitepec hay una embotelladora de Coca Cola, empresa que explota el manantial más importante del valle de San Cristóbal de Las Casas y al mismo tiempo desecha aguas negras en un canal abierto Foto: Moysés Zúñiga Santiago

(HERMANN BELLINGHAUSEN )Huitepec Ocotal, Chis. 10 de julio. La primera reserva ecológica indígena y autónoma del país, creada en marzo de este año por la junta de buen gobierno zapatista de Oventic, busca proteger un área boscosa de gran valor, amenazada por el crecimiento urbano de San Cristóbal de las Casas, la depredación ambiental y el saqueo de empresas trasnacionales.

Esta resistencia ecológica se ha convertido en un trabajo colectivo para centenares de bases de apoyo zapatistas que se turnan en el campamento instalado aquí. En las afueras de la reserva está el "campamento civil por la paz", desde donde acompañan el proceso miembros de la otra campaña y la sociedad civil nacional e internacional.

En los tiempos en que el gobierno federal del Partido Revolucionario Institucional exploraba recetas para atender las demandas del alzamiento indígena o enfrentar el desafío insurgente con algo más que la militarización de las comunidades, los delegados gubernamentales sugerían hacer de los zapatistas una especie de "guardabosques" armados. Hoy sabemos que los gobiernos optaron por la contrainsurgencia militar y económica, que desde 1996 es la única "negociación" federal para los rebeldes.

Irónicamente, toda una vuelta tuvieron que dar las comunidades a través de su autonomía para devenir guardabosques, a su modo y desarmadas, como en el caso de la reserva comunitaria establecida por la JBG de los Altos en el cerro Huitepec para evitar que esta pequeña joya de la naturaleza sea destruida.

Aquí hay depredación a gran escala y la "hormiga", como la que intentan algunos pobladores del vecino pueblo de Alcanfores, unos para sacar su leña, otros para tirar árboles y entregarlas a empresas madereras. Se agregan otros problemas de cuando un área determinada se reserva. "Hay gente que trae a pasear sus borregos. Se les dice que ya no está permitido meter los borregos. Unos entienden, otros ofenden a los compañeros y dicen de mala manera que tienen abogado. Les decimos buenamente que no se pueden hacer esas cosas".

El indígena responsable del campamento menciona algunos episodios recientes en los cuales las guardias han debido defender en los hechos el área natural protegida. "Salimos todos los días, en grupos, hacemos rondas. Estamos pendientes. Aquí no hay campos de siembra, sólo en las partes reforestadas del alrededor se cultivan flores".

Añade: "En la parte de abajo hay personas que sacan agua para las mangueras de su casa. Les da 'permiso' una señora que vende el agua. Le dijimos que si tiene problema de suministro, que vaya con la junta de buen gobierno. Ya no volvió, pero ya no saca el agua".

Proliferan residencias

Explica que "a los campesinos que sí necesitan agua, se les permite que la tomen", y añade que en las residencias (que proliferan en las faldas del Huitepec como parte de la especulación inmobiliaria que se cierne sobre el bosque) "la usan para sus jardines o sólo la tiran". En la parte baja "viven diputados, ex presidentes municipales, empresarios, y sacan para ellos el agua de la reserva". Además, "no respetan de tirar la basura, que por Alcanfores ya es mucha". Coca Cola embotella refrescos y agua simple al pie del Huitepec; la empresa "toma millones de litros con sus mangueras".

Todas estas historias suenan conocidas, han ocurrido por años en todo el país. Las propician el gobierno, la presión demográfica, el sistema económico y el apetito de los ricos por residir en los mejores lugares que quedan, donde viven los indios desde que fueron expulsados de los valles (que serían devorados por las ciudades).

Esta reserva comunitaria muestra que otro camino es posible, como ya lo hacen comunidades indígenas y campesinas de Centro y Sudamérica. Cada día hay más "campesinos ecologistas" en Chiapas y el país. Es común que se les persiga y criminalice, para imponer un conservacionismo privado y mercantilista, vinculado al capital trasnacional.

Muchísimos campesinos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional están viniendo al Huitepec para hacer guardias rotatorias desde Magdalena la Paz, San Andrés Sakamch'en, San Juan de la Libertad, Santa Catarina Pantelhó, Polhó, San Juan Apóstol Cancuc y otros municipios autónomos tzotziles, tzeltales y zoques. Aprenden cosas que no sabían y aplican sus conocimientos tradicionales para preservar esta reserva ecológica indígena, autónoma y comunitaria.

Desalojo en Coacalco por problemas de agua potable

Colonos de Bosques del Valle y Rancho La Palma, en Coacalco, impiden la introducción de tubería para ampliar la red de agua potable hacia un predio en el que se construye un centro comercial Foto: Javier Salinas Cesáreo

Coacalco, Mex., 27 de junio. Policías municipales golpearon y desalojaron a unos 50 vecinos de los fraccionamientos Bosques del Valle y Rancho La Palma que desde hace una semana impedían las obras para la introducción de la red de agua potable hacia el predio Santa María, en el que se edifican varias tiendas departamentales, entre ellas una de la cadena Wal-Mart.

La inconformidad de los colonos -de los cuales 10 fueron detenidos- se debe a que el ayuntamiento de Coacalco pretende conectar dicha red al pozo principal de la comunidad y reducirles el suministro del agua para uso doméstico.

Alrededor de las 9:30 horas, unos 100 efectivos policiacos, varios de ellos armados, arribaron al bulevar Bosques, donde los vecinos mantenían un plantón desde hace siete días.

Los uniformados quitaron mantas y pancartas en las que los colonos expresan su repudio a las obras, y arremetieron contra el grupo de 50 personas.

A golpes sometieron y detuvieron a 10 de los manifestantes, aunque sólo nueve fueron identificados: Francisco Martín García Lamont, Sergio Toledo Higuera, Javier Quijano Martínez, Antonio Acevedo Martínez, Martín Jiménez Cifuentes, Juan Enrique Hernández Noriega, Cristina Saldívar Ramírez, Beatriz Acosta Pérez y Fabiola Luna Andrade; esta última se convulsionó al momento del arresto.

Tras la represión, trabajadores apoyados con maquinaria pesada reiniciaron la excavación de zanjas en el camellón del bulevar Bosques para introducir tubería PVC de 10 pulgadas a lo largo de casi un kilómetro.

Sin embargo, unos 200 colonos salieron de sus viviendas y con apoyo del diputado federal panista Juan Manuel Sandoval Munguía se colocaron debajo y a los costados de la maquinaria, para evitar que continuaran los trabajos, y exigir la liberación de sus 10 compañeros.

Durante horas prevaleció un ambiente tenso en la zona debido a que un centenar de policías se apostaron en las inmediaciones, en espera de desalojar a los inconformes.

Una comisión de colonos se trasladó al palacio municipal para exigir la libertad de los 10 vecinos. Por la tarde, las autoridades municipales los dejaron en libertad y se comprometieron a ir a la comunidad para dialogar con los lugareños.

Sin embargo, las obras para la introducción de red de agua potable continuaron. "Quieren que nuestro pozo sirva también para el complejo comercial. Desde hace cuatro semanas nos restringieron el servicio", denunciaron los habitantes de los fraccionamientos Bosques del Valle y Rancho La Palma.

Desde hace meses en el predio Santa María, de unas 10 hectáreas, localizado junto a la vía López Portillo, justo en los límites de Coacalco con Tultitlán, se construyen varias tiendas departamentales, entre ellas una de la cadena Wal-Mart, así como restaurantes.

El ayuntamiento local, por medio del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco, pretende utilizar el pozo de la comunidad de Bosques del Valle para suministrar agua potable al complejo comercial.

Acciones intimidatorias del Ejército contra comunidad zapoteca en Oaxaca

El origen del conflicto es el bosque Iyu Ziuni, que es disputado por varias comunidadespor H.BELLINGHAUSEN (Jornada 28 Junio 2007)

Elementos del Ejército federal incursionaron este martes en la comunidad zapoteca de San Isidro Aloápam, Oaxaca, lo cual alarmó a la población. El Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), al cual pertenece dicha comunidad, denunció que desde la semana pasada el gobierno estatal y las autoridades municipales de San Miguel Aloápam "amenazan con meter al Ejército en San Isidro, con el pretexto de buscar armas". Esto, a nueve días de la agresión que sufrieron campesinos de San Isidro que pretendían proteger el bosque Iyu Ziuni, sobre el cual reclaman derechos de propiedad desde 1982.

En los hechos del pasado 18 de junio resultaron muertos dos campesinos priístas de San Miguel Aloápam y cuatro más fueron heridos. Allí se detuvo a cinco personas de San Isidro, quienes fueron acusadas de las muertes, torturadas por las autoridades municipales de San Miguel y recluídas en el penal de Ixcotel. Desde entonces, la comunidad está amenazada. Los priístas de San Miguel amagan nuevamente con talar el bosque Iyu Ziuni, la policía estatal y el Ejército federal rondan el área, y el día 21, la Secretaría de Salud retiró su personal y cerró la clínica de San Isidro.

Así, señala el CIPO-RFM, "se nos niega el derecho a la salud y el libre tránsito, se sigue violentando el derecho de los pueblos indígenas y nuestros derechos humanos. Estamos muy preocupados porque los gobiernos con sus medios de comunicación quiere atacarnos, quiere entrar a nuestra casa, a la comunidad para llevarse no sabemos a donde a nuestros esposos, a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestros hijos y abuelos".

Este martes 26, tres vehículos con elementos del Ejército federal estuvieron a 25 kilómetros de San Isidro y a 17 kilómetros del bosque en conflicto. Desde temprano se les vio llegar a la comunidad vecina de San Miguel Abejones. Posteriormente, dos camionetas tipo Lobo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y un carro con 12 elementos del Ejército federal llegaron hasta San Isidro. "Con el pretexto de la entrega de apoyos a los ancianos, se acercaron a los niños preguntándoles qué paso aquí en el bosque, y que dónde queda San Miguel. Sacaron su radio portátil y lanzaron un cable en varias partes de la explanada de la cancha. Así pasaron diez minutos moviéndose de un lugar a otro con su radio buscando algo".

Intimidaron a la gente diciéndoles que no pueden grabar con video. A las personas que estaban grabando les quisieron quitar la cámara. "Se nos hace sospechoso, los de Sedeso siempre avisan cuando van a llegar y hoy llegaron de sorpresa". Además, los indígenas se preguntan: "¿Por qué no los podemos grabar en video?"

A nombre de la junta organizadora del CIPO-RFM, Dolores Villalobos, Rosario Gómez, Simón YIlescas, Crisologo Calleja, Pedro Bautista Rojas y Miguel Cruz Moreno hicieron un llamado a la comunidad internacional y nacional para detener al gobierno "en su escalada de militarización y violencia contra las comunidades que se organizan para defender su territorio, agua, animales y plantas. Les pedimos acciones que estén a su alcance para no permitir más injusticia y para que se libere a los presos de la organización".

Todo esto, a dos días de que se realice en San Isidro Aloápam el Encuentro por la defensa del bosque y la vida comunitaria, convocado por el CIPO-RFM, la otra campaña de Oaxaca y diversos organismos civiles.

Depredación de las especies marinas

(Ivan Restrepo; LaJornada 7Mayo07)

En un informe reciente de la FAO se alerta sobre la situación de los recursos pesqueros del planeta y los peligros para la humanidad debido a la mala administración de una riqueza de la que dependen millones de personas para su alimentación y su trabajo. En el documento se destaca, en primer lugar, la sobrexplotación de las especies marinas: la mitad está ya en su límite biológico, mientras una cuarta parte de las mismas se encuentra amenazada, porque se captura más de lo que permite un uso sostenible y porque las reservas se hallan seriamente mermadas o las declaradas en veda muestran una lenta recuperación.

Y es que cada día se pesca más, pero sin control ni racionalidad, lo que hace, además, que los hombres del mar vivan mal y la población no consuma productos marinos adecuadamente. Las flotas pesqueras mejoran su tecnología, pero a la vez ponen en peligro la existencia de las especies. Esto sucede incluso en continentes donde se suele afirmar que es prioridad el cuidado de la naturaleza, como en Europa, donde por sobrexplotación y falta de regulaciones disminuyen las poblaciones del atún rojo, el tiburón elefante y el de boca ancha, el bacalao del Atlántico, la merluza, la anchoveta y hasta la sardina.

Además, en los lances de pesca los barcos regresan al mar millones de toneladas de especies consideradas desperdicio, pero que podían servir para alimento humano y para preparar compuestos destinados a engordar otras especies en tierra firme. Sólo se conservan en los barcos las pesquerías que tienen buen precio en el mercado, no lo que la gente necesita. El caso más cruel, entre muchos, sucede con los tiburones, a los que, luego de cazar, sus captores les cortan las aletas con las que posteriormente cocinan una sopa muy apreciada por los chinos. Cortadas las aletas, regresan al tiburón al agua, donde muere irremediablemente.No debe extrañar entonces, tal como afirma la FAO en su informe, que más de la mitad de los tiburones que surcan los mares, así como dos tercios de las especies migratorias de los océanos, se encuentren sobrexplotadas o en fuerte reducción.

México figura precisamente entre las naciones en que las numerosas y valiosas especies de tiburón que posee han estado a merced de la depredación de las flotas pesqueras. Ahora, con la Norma Oficial 029, recientemente publicada, se espera revertir esa situación. Sin embargo, en la tierra de nadie, que son las aguas internacionales, las flotas de varios países se han convertido en los modernos piratas que en aras de la ganancia fácil, diezman numerosas especies, vitales para mantener el equilibrio y la vida marinas.

Por eso el informe asegura que ningún país involucrado en la pesca en alta mar respeta los acuerdos internacionales sobre la materia, pues lo que cada uno busca es aumentar el volumen de captura: los pasados siete años se elevó de 131 millones de toneladas a casi 143. Con tal de obtener más cantidad capturan los ejemplares juveniles, lo cual rompe el ciclo de la reproducción que garantizaría a futuro la abundancia de las especies. Eso sucede en México con algunas pesquerías que hoy requieren veda: la del mero, el pulpo, la langosta y el caracol. A pesar de que está prohibida su captura durante varios meses, se ha reducido su abundancia. Además, se pescan clandestinamente durante las vedas.

La FAO insiste en su estudio en que los países mejoren la legislación pesquera a fin de que esa actividad sea más racional, para el largo plazo, algo que hace falta en México, donde el proyecto de ley sobre la materia lleva durmiendo tres años en el Senado. Todos los involucrados en el tema (empresarios, pescadores, científicos, funcionarios) dicen que urge una ley que regule la actividad pesquera y la haga racional. Pero al paso que vamos, no llegaremos a ser la cuarta potencia del mundo, como anunció con tanta seguridad el señor de las promesas.

Toman embajada de Canadá opositores a Minera San Xavier

Daño ecológico irreversible en San Luis Potosí, advierten

Protesta frente a la embajada de Canadá contra el proyecto en San Luis Potosí de Minera San Xavier, filial de Metallica Resources Inc
Foto: Alfredo Domínguez

Integrantes del Movimiento de Resistencia Civil contra Minera San Xavier y representantes de diversas organizaciones sociales se manifestaron ayer durante siete horas frente a la embajada de Canadá, en protesta por el "desarrollo ilegal" de las primeras etapas del proyecto que pretende extraer las reservas de oro y plata de Cerro San Pedro, que llevaría al valle de San Luis Potosí a un "daño ecológico irreversible".

Según los manifestantes, dichas obras representarían el "mayor desastre ambiental" de la historia de San Luis Potosí, pues se consumirían 32 millones de litros de agua al día, que serían mezclados con 16 toneladas diarias de cianuro a lo largo de nueve años de vida del proyecto. La explotación de la minera a cielo abierto -a escasos cinco kilómetros de la mancha urbana- provocaría también daños a la salud de cientos de miles de personas.

La canadiense Metallica Resources Inc. utilizaría en el periodo mencionado 25 toneladas diarias de explosivos para tumbar 75 mil toneladas de cerro al día, a sólo 20 metros de distancia de los históricos inmuebles de Cerro San Pedro, y a cinco kilómetros de la mancha urbana de la capital potosina, dando como resultado -al final del proyecto- un tajo de 1.5 kilómetros de diámetro y 300 metros de profundidad.

En una carta dirigida al embajador Gaetan Lavertu, que no pudo ser entregada por desacuerdos con funcionarios de la representación diplomática, quienes se negaron a dejar entrar al inmueble a una comisión de los inconformes, piden la intervención del diplomático para que Metallica Resources Inc., cuya filial es Minera San Xavier, detenga los trabajos y respete los fallos judiciales en su contra que le impiden ejecutar el proyecto.

En la misiva, que finalmente fue leída al término del plantón, preguntan al embajador si está enterado del ecocidio que pretende consumar la empresa canadiense, y si los ciudadanos de su país conocen las violaciones a la ley en que ha incurrido dicha empresa. "¿Este tipo de ecocidios están permitidos en su país, señor Lavertu? ¿No, verdad? Canadá es uno de los principales iconos de la defensa del patrimonio ambiental de la humanidad".

Los manifestantes, quienes recibieron el apoyo de diversas organizaciones sociales y de los diputados del PRD Armando Barreiro y Alliet Mariana Bautista Bravo, ésta última integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro, se dijeron sorprendidos de que sea Canadá el "mayor enemigo" de los derechos ambientales.

Durante las siete horas que duró la toma simbólica no se cerraron las puertas de la sede diplomática. No obstante, la representación canadiense decidió que no saliera ninguna persona del edificio durante la protesta.

Denuncian comunidades zapatistas tala y venta ilegal de maderas preciosas

Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer.

Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro.

Chiapas, México.

10 de febrero de 2007.

A la sociedad civil nacional e internacional.

A la opinión pública.

A la prensa nacional e internacional.

A la organización de los derechos humanos.

Hermanas y hermanos:

La Junta de Buen Gobierno y los cuatro municipios autónomos rebeldes Francisco Gómez, San Manuel, Ricardo Flores Magón y Francisco Villa denunciamos la tala y venta de maderas preciosas y tropicales, así como la destrucción de bosques vírgenes, que se está realizando en territorio zapatista, en la zona de la selva tzeltal.

Los destructores de la selva son integrantes de las organizaciones conocidas como Opddic, ARIC Independiente Democrática y ARIC de Uniones. En comunidades donde tienen presencia, obligan o "convencen" a la gente campesina dizque para ganar dinero, salir de la pobreza y tener en el futuro una vida mejor. Nuevamente aclaramos en torno a la destrucción de la selva Lacandona que se está realizando desde hace años, así como la tala y venta de maderas, y la destrucción de bosques dentro de los municipios autónomos. Los de las tres organizaciones mencionadas no cuentan y nunca han tenido el apoyo de la Junta de Buen Gobierno, porque la lucha del EZLN no autoriza ese tipo de daños a los recursos naturales. Además, en 2003, en el nacimiento de la Junta de Buen Gobierno, se estableció una ley que prohibía la tala y venta de maderas, la destrucción de bosques y el saqueo de recursos naturales. Se estableció que se defenderán los recursos naturales. Lo tenemos publicado. Hasta el momento sólo las bases de apoyo zapatistas cumplimos esa ley, pero otras organizaciones no, principalmente la Opddic, la cual recrudeció la tala y venta de maderas, con el respaldo absoluto de organismos del mal gobierno local, municipal, estatal y federa, con el resguardo de la fuerza pública y el Ejército.

La Junta de Buen Gobierno rechaza esas acciones de destrucción y explotación de la naturaleza, así como el daño al medio ambiente. Exigimos el retiro inmediato de la maquinaria que se encuentra en los lugares donde se está talando. De igual forma, demandamos a las autoridades forestales que cancelen los permisos que hayan otorgado tanto junto con el gobierno, porque son ellos quienes aprueban esas autorizaciones. Dicen que hay una ley para la no destrucción del bosque y que no se permite la quema, pero son ellos quienes están haciendo todo eso y los recursos de los pueblos indígenas los están robando. Sólo pagan precios bajos y dan migajas. Los líderes de la Opddic y de los partidos se quedan conformes con la ganancia, pero no los pueblos. El beneficio es para las grandes empresas trasnacionales.

Por todo lo que está ocurriendo, vamos a hacer valer la ley zapatista. La Junta de Buen Gobierno, los municipios autónomos y las bases zapatistas tenemos que cuidar y defender los recursos naturales, el bosque y las maderas preciosas, para el futuro de nuestros hijos. De la misma forma, los territorios zapatistas y quienes integramos los cuatro municipios autónomos rebeldes (Francisco Gómez, Francisco Villa, San Manuel y Ricardo Flores Magón) ratificamos lo declarado a la opinión pública desde que se formó la Junta de Buen Gobierno. Dimos a conocer a las organizaciones gubernamentales y a los partidos políticos que queda totalmente prohibida la circulación de carros ilegales, los que han sido robados. La Junta de Buen Gobierno no autoriza ningún permiso para registrar carros chocolates. También queda prohibido el cultivo, venta y consumo de drogas en territorios zapatistas, porque tenemos leyes, pero hay organizaciones gubernamentales o partidos que nunca controlan a su gente. Hay muchas personas que consumen drogas, y cuando éstas han sido sorprendidas las autoridades oficiales no las castigan. Sólo las detienen un rato y las sueltan, como si las llevaran de paseo por la ciudad. No hacen justicia verdadera. Muchas personas se dedican a la borrachera. Las organizaciones gubernamentales son las que permiten la venta de bebidas alcohólicas en las comunidades indígenas. Mucho peor, donde hay campamentos militares circulan libremente las bebidas y hay consumos ilícitos. Los jóvenes son los más afectados, porque consumen y causan problemas con las bases zapatistas.

El gobierno sólo dice cosas para cuidarse y no cumple nada. Cómo va a aplicar la justicia, si es él quien tiene los vínculos y es cómplice de las autoridades oficiales locales, municipales y estatales, porque nunca dice nada para controlar a su gente en territorios zapatistas. Sólo se organiza para provocar más problemas y dividir a los pueblos zapatistas.

Es todo por el momento.Junta de Buen Gobierno